El PP denuncia que la Ley de Reordenación del sector público busca recolocar a los altos cargos al no seguir criterios de eficacia y coste

[caption id="attachment_1002" align="aligncenter" width="410" caption="Inmaculada López y Amalia Gutiérrez"][/caption] 10, DICIEMBRE, '10.- La Diputada Regional, Inmaculada López, compareció en rueda de prensa acompañada de la Portavoz local Amalia Gutiérrez, para informar cuáles fueron los puntos de debate en el último Pleno de las Cortes Regionales. LEY DE REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO López comenzó su intervención analizando la Ley de Reordenación del Sector Público de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que tras la presentación de una enmienda a la totalidad por el grupo popular, finalmente contó con la abstención de la misma. Para López “el PP entiende que es necesaria una reordenación del sector público, esto es, de todo el conjunto de organismos y empresas públicas, pero no de la manera presentada y es que ya se ha convertido en una administración paralela a la Junta y que escapa del control parlamentario y transparencia necesaria pero no de la forma planteada por el grupo socialista”. Así, López, manifestó que el PP exige 3 principios en la citada reordenación: un criterio de eficacia, es decir, “debe existir un informe financiero que fundamente por qué se eliminan unos u otros organismos”. Un segundo principio de coste económico, indicando qué coste tiene los organismos que se mantengan y “el ahorro que supone la desaparición de otros” y en tercer lugar,  de control externo del gasto “para saber quiénes componen los organismos, conocer la relación de puestos de trabajo, defender que los empleados estén por méritos de capacidad y publicidad y no se convierta en una “agencia de recolocación de altos cargos que escapan al conocimiento de los castellano-manchegos”, declaró la Diputada Regional. Así se preguntó por qué se elimina el Instituto de la Juventud, el Instituto de Estadística o el de Consumo por ejemplo,  y por qué se mantienen otros organismos y empresas públicas. Además López, se preguntaba, por qué la reducción del 50% en organismos y empresas públicas anunciada por el Sr. Barreda “no se refleja en los Presupuestos, cuando en cuanto a las transferencias de capital a aquellas no hay disminución ni en proporción ni en cantidad por tanto ¿dónde está esa austeridad?” señalaba. PROGRAMA ECONÓMICO López aludió a la reducción de “un 50 a un 75% en los organismos y empresas públicas” tal y como anunció Mª Dolores de Cospedal en la presentación del programa económico, “seguida siempre de criterios objetivos, de coste y eficacia” añadió. Además, también se refirió a la propuesta de Cospedal de hacer una auditoria respecto de aquellos organismos que también existen a nivel nacional tales como el Defensor del Pueblo o el Síndico de Cuentas con el fin de analizar la balanza en cuanto a su coste y eficacia y si no fueran eficaces proceder a su eliminación”. También, añadió Inmaculada López, se reiteró la propuesta de reducir en un 20% el gasto corriente y reducción de delegaciones provinciales, dejando un sólo delegado por provincia, contando en ambos supuestos con el voto en contra del partido socialista.